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Defensores y defensoras de derechos humanos
de Guatemala demandan justicia
Martes 7 Septiembre 2010
El día martes 7 de septiembre representantes de diversas organizaciones de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa y entregaron un memorial en la Corte Suprema de Justicia para externar su preocupación por el poco avance en más de 10 casos de delitos contra defensores. A continuación reproducimos el comunicado. Los defensores y defensoras de derechos humanos somos parte integral de la construcción de la democracia y la paz en Guatemala.
En todo el territorio guatemalteco, miles de defensores y defensoras de derechos humanos trabajamos por construir una Guatemala con equidad, justicia y democracia desde nuestros trabajos individuales, desde nuestras organizaciones comunitarias, sectoriales, sindicatos, ONG’s, movimientos sociales y, en algunos casos, en las instituciones gubernamentales desde las que nos toca promover los derechos humanos.Nuestro rol fue reconocido en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en 1994 a nivel nacional y reafirmado en la “Declaración Internacional del Derecho y la Obligación de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Universalmente Reconocidas” firmada por todos los países en las Naciones Unidas en 1998.
Esta labor no está exenta de riesgos, pues en los últimos diez años y medio hemos sufrido reiteradamente ataques por nuestro trabajo, llegándose a registrar en dicho período un mil 972 agresiones y 594 actos de criminalización - hacia diversos sectores sociales - por la defensa y promoción que hacemos de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos -, de los cuales, 115 han sido asesinatos en contra de defensores o defensoras de derechos humanos.
La impunidad en torno a las agresiones a las y los defensores de derechos humanos ha llegado a consolidarse con un 99%, de acuerdo a los registros de UDEFEGUA. Los mecanismos de protección creados por el Estado para defensores de derechos humanos son ineficientes, sin olvidar que excluyen a la mayor parte de las personas que se dedican a defender las garantías humanitarias.
Toda esta situación constituye una violación al derecho a defender derechos humanos.
El Estado está obligado a actuar para revertir estas condiciones, no sólo generando un “Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos”, sino también agilizando las investigaciones en todos los casos donde han sido agredidos defensores y defensoras y garantizando un proceso justo contra los responsables de dichas violaciones.
Desde hace ya varios años, diez defensores y defensoras de derechos humanos – entre mujeres, jóvenes, líderes comunitarios, ambientalistas, sindicalistas, campesinos y defensores comprometidos con la memoria histórica para que los hechos del pasado no vuelvan a repetirse - han asumido con responsabilidad el trabajar para que los casos que tienen presentados ante el sistema de justicia nacional contra los responsables de haberles violado su derecho a defender derechos humanos no queden en impunidad. De esta forma su lucha se convierta en una forma de demandar la vigencia y protección del derecho a defender derechos humanos.
A pesar de los esfuerzos realizados, hoy nos encontramos ante la Corte Suprema de Justicia, en la Plaza de Derechos del Hombre, denunciando que el sistema sigue sin responder.
Ante el momento histórico que vive el Sistema de Administración de Justicia respecto de la oportunidad que tiene para realizar acciones contundentes apegadas a derecho para combatir la impunidad y recuperar su credibilidad ante la sociedad guatemalteca, los defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, las comunitarias, de mujeres, de jóvenes, indígenas, sindicalistas, ambientalistas abajo firmantes, demandamos:
1. A la Corte Suprema de Justicia, a través de su Cámara Penal, de acuerdo a sus funciones administrativas, supervise a los Tribunales para garantizar que los procesos se lleven de forma independiente, particularmente aquellos casos en donde hay intereses políticos en juego. Los casos de defensores y defensoras de derechos humanos son casos de violencia política que requieren ser supervisados para garantizar justicia pronta y cumplida.
2.Al Ministerio Público, realizar la supervisión permanente de las fiscalías distritales y de la Fiscalía de Derechos Humanos para establecer si las investigaciones se están realizando de acuerdo a las instrucciones generales y a la Ley, guardando el interés superior de la verdad y manteniendo a la víctima informada. Esto en todos los casos y, en particular en los casos de defensores en donde el móvil ha sido la violencia política y/o venganza por nuestra labor como defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual ha hecho cada vez más difícil nuestra labor por la persecución, agresión y criminalización de la cual hoy somos objeto.
3.A la Fiscal General, aprobar a la brevedad una Instrucción General con una Política de Investigación para casos de Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Periodistas y Operadores de Justicias y desarrollar capacitaciones al respecto.
4.La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación discutir con responsabilidad mecanismos claros de aplicación de las medidas cautelares para defensores de derechos humanos.
En todo el territorio guatemalteco, miles de defensores y defensoras de derechos humanos trabajamos por construir una Guatemala con equidad, justicia y democracia desde nuestros trabajos individuales, desde nuestras organizaciones comunitarias, sectoriales, sindicatos, ONG’s, movimientos sociales y, en algunos casos, en las instituciones gubernamentales desde las que nos toca promover los derechos humanos.Nuestro rol fue reconocido en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en 1994 a nivel nacional y reafirmado en la “Declaración Internacional del Derecho y la Obligación de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Universalmente Reconocidas” firmada por todos los países en las Naciones Unidas en 1998.
Esta labor no está exenta de riesgos, pues en los últimos diez años y medio hemos sufrido reiteradamente ataques por nuestro trabajo, llegándose a registrar en dicho período un mil 972 agresiones y 594 actos de criminalización - hacia diversos sectores sociales - por la defensa y promoción que hacemos de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos -, de los cuales, 115 han sido asesinatos en contra de defensores o defensoras de derechos humanos.
La impunidad en torno a las agresiones a las y los defensores de derechos humanos ha llegado a consolidarse con un 99%, de acuerdo a los registros de UDEFEGUA. Los mecanismos de protección creados por el Estado para defensores de derechos humanos son ineficientes, sin olvidar que excluyen a la mayor parte de las personas que se dedican a defender las garantías humanitarias.
Toda esta situación constituye una violación al derecho a defender derechos humanos.
El Estado está obligado a actuar para revertir estas condiciones, no sólo generando un “Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos”, sino también agilizando las investigaciones en todos los casos donde han sido agredidos defensores y defensoras y garantizando un proceso justo contra los responsables de dichas violaciones.
Desde hace ya varios años, diez defensores y defensoras de derechos humanos – entre mujeres, jóvenes, líderes comunitarios, ambientalistas, sindicalistas, campesinos y defensores comprometidos con la memoria histórica para que los hechos del pasado no vuelvan a repetirse - han asumido con responsabilidad el trabajar para que los casos que tienen presentados ante el sistema de justicia nacional contra los responsables de haberles violado su derecho a defender derechos humanos no queden en impunidad. De esta forma su lucha se convierta en una forma de demandar la vigencia y protección del derecho a defender derechos humanos.
A pesar de los esfuerzos realizados, hoy nos encontramos ante la Corte Suprema de Justicia, en la Plaza de Derechos del Hombre, denunciando que el sistema sigue sin responder.
Ante el momento histórico que vive el Sistema de Administración de Justicia respecto de la oportunidad que tiene para realizar acciones contundentes apegadas a derecho para combatir la impunidad y recuperar su credibilidad ante la sociedad guatemalteca, los defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, las comunitarias, de mujeres, de jóvenes, indígenas, sindicalistas, ambientalistas abajo firmantes, demandamos:
1. A la Corte Suprema de Justicia, a través de su Cámara Penal, de acuerdo a sus funciones administrativas, supervise a los Tribunales para garantizar que los procesos se lleven de forma independiente, particularmente aquellos casos en donde hay intereses políticos en juego. Los casos de defensores y defensoras de derechos humanos son casos de violencia política que requieren ser supervisados para garantizar justicia pronta y cumplida.
2.Al Ministerio Público, realizar la supervisión permanente de las fiscalías distritales y de la Fiscalía de Derechos Humanos para establecer si las investigaciones se están realizando de acuerdo a las instrucciones generales y a la Ley, guardando el interés superior de la verdad y manteniendo a la víctima informada. Esto en todos los casos y, en particular en los casos de defensores en donde el móvil ha sido la violencia política y/o venganza por nuestra labor como defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual ha hecho cada vez más difícil nuestra labor por la persecución, agresión y criminalización de la cual hoy somos objeto.
3.A la Fiscal General, aprobar a la brevedad una Instrucción General con una Política de Investigación para casos de Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Periodistas y Operadores de Justicias y desarrollar capacitaciones al respecto.
4.La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación discutir con responsabilidad mecanismos claros de aplicación de las medidas cautelares para defensores de derechos humanos.
Porque el Estado debe garantizar el derecho a defender derechos humanos.
NO a la IMPUNIDAD, SÍ a la DEFENSA de NUESTROS DERECHOS.
NO a la IMPUNIDAD, SÍ a la DEFENSA de NUESTROS DERECHOS.
Guatemala, 7 de septiembre de 2010.
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - UDEFEGUA -
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH -
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos - CIIDH -
Fundación Sobrevivientes
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala - ICCPG -
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala - ODHAG -
Seguridad en Democracia - SEDEM -
Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala - CALAS -
Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic - APODIP -
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial - ECAP -
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ –
CONCODIG
Asociación de Mujeres del Movimiento Social Cotzumalguapa
Defensoría Indígena de las Verapaces
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH -
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos - CIIDH -
Fundación Sobrevivientes
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala - ICCPG -
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala - ODHAG -
Seguridad en Democracia - SEDEM -
Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala - CALAS -
Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic - APODIP -
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial - ECAP -
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ –
CONCODIG
Asociación de Mujeres del Movimiento Social Cotzumalguapa
Defensoría Indígena de las Verapaces
