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Unknown
Viernes 20 Mayo 2011 - 20:32 : Indignación nacional, juicio y castigo a los responsables. Rigoberta Menchú : " Al momento de empezar a escribir estas líneas me encuentro profundamente indignada, tal como se encuentran muchos connacionales que miran el país de una manera sensata y con preocupación."
Si no fuera así, estaríamos volviéndonos cómplices de la indiferencia y de la pérdida de sensibilidad, además de convertirnos en acomodados contempladores del derrumbe del país. Otra vez la violencia cobra una factura a víctimas inocentes, a familias trabajadoras de condición humilde que en la búsqueda de su sobrevivencia fueron convertidos en carne de cañón.
La masacre de “la Libertad, Petén”, como habrá de quedar registrada en la historia, por el horror y la crueldad, por el acto en sí mismo, es un hecho lamentable que debe ser condenado de manera contundente. Eran 27 seres humanos inocentes, en su mayoría maya q´eqchis y fueron ejecutados sin piedad, sin misericordia y de manera indiscriminada. Si bien es cierto el hecho es atribuible a ejércitos del crimen organizado, no puede dejar de señalarse la corresponsabilidad de un Estado, históricamente incapaz de ofrecer seguridad y protección a sus habitantes.
La libertad y las formas con que opera el crimen organizado es solamente un signo de que Guatemala se encamina a un callejón sin salida, con pocas posibilidades de encauzar un rumbo distinto al de un Estado fallido. No parece que hallan esfuerzos gubernamentales que pretendan, por un lado, frenar la espiral de violencia delincuencial que literalmente ha copado todos los espacios geográficos del país y, por otro, darle un giro estructural al Estado con miras a erradicar las causas que la generan.
Ante la gravedad de los hechos, cada vez más parecidos a los que se le atribuyen al crimen organizado en México, no podemos dejar de señalar la incapacidad de las fuerzas de seguridad y de quienes están al frente, incluido el propio Presidente de la República, para enfrentar este flagelo y para ir más allá, de acuerdo con la dimensión del problema, del discurso electoral que hemos escuchado por más de cuatro años. Hoy no debemos aceptar excusas y menos argumentos que pretendan quitar la responsabilidad de esta tragedia a los encargados de garantizar la seguridad y la vida de las y los ciudadanos.
No es suficiente ofrecer el pésame a los familiares de las víctimas. Corresponde de manera inmediata, al Gobierno de la República, al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, investigar a profundidad los hechos y dar con los responsables de la muerte de estas 27 personas, para que sean castigados y paguen por sus crímenes.
Guatemala vive un momento crucial en el cual debe garantizarse la paz y la tranquilidad de la población. No se debe permitir en el proceso electoral, actualmente en curso, que la violencia incremente en los ciudadanos la incertidumbre y la pérdida de la credibilidad en las instituciones del Estado y en los gobernantes. Sobre todo si se quiere garantizar un ejercicio democrático y libre. Para ello es indispensable que el Presidente y los encargados de la seguridad pública encaren sin pretextos la violencia y ofrezcan seguridad plena.
La masacre de “la Libertad, Petén”, como habrá de quedar registrada en la historia, por el horror y la crueldad, por el acto en sí mismo, es un hecho lamentable que debe ser condenado de manera contundente. Eran 27 seres humanos inocentes, en su mayoría maya q´eqchis y fueron ejecutados sin piedad, sin misericordia y de manera indiscriminada. Si bien es cierto el hecho es atribuible a ejércitos del crimen organizado, no puede dejar de señalarse la corresponsabilidad de un Estado, históricamente incapaz de ofrecer seguridad y protección a sus habitantes.
La libertad y las formas con que opera el crimen organizado es solamente un signo de que Guatemala se encamina a un callejón sin salida, con pocas posibilidades de encauzar un rumbo distinto al de un Estado fallido. No parece que hallan esfuerzos gubernamentales que pretendan, por un lado, frenar la espiral de violencia delincuencial que literalmente ha copado todos los espacios geográficos del país y, por otro, darle un giro estructural al Estado con miras a erradicar las causas que la generan.
Ante la gravedad de los hechos, cada vez más parecidos a los que se le atribuyen al crimen organizado en México, no podemos dejar de señalar la incapacidad de las fuerzas de seguridad y de quienes están al frente, incluido el propio Presidente de la República, para enfrentar este flagelo y para ir más allá, de acuerdo con la dimensión del problema, del discurso electoral que hemos escuchado por más de cuatro años. Hoy no debemos aceptar excusas y menos argumentos que pretendan quitar la responsabilidad de esta tragedia a los encargados de garantizar la seguridad y la vida de las y los ciudadanos.
No es suficiente ofrecer el pésame a los familiares de las víctimas. Corresponde de manera inmediata, al Gobierno de la República, al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, investigar a profundidad los hechos y dar con los responsables de la muerte de estas 27 personas, para que sean castigados y paguen por sus crímenes.
Guatemala vive un momento crucial en el cual debe garantizarse la paz y la tranquilidad de la población. No se debe permitir en el proceso electoral, actualmente en curso, que la violencia incremente en los ciudadanos la incertidumbre y la pérdida de la credibilidad en las instituciones del Estado y en los gobernantes. Sobre todo si se quiere garantizar un ejercicio democrático y libre. Para ello es indispensable que el Presidente y los encargados de la seguridad pública encaren sin pretextos la violencia y ofrezcan seguridad plena.
Dra. Rigoberta Menchú Tum
Premio Nobel de la Paz 1,992
Posted in: comunicado
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